Aprobada la Ley de Transparencia y Participación regional

La Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid ha sido aprobada y entrará en vigor el 1 de enero de 2020, teniendo como objeto la regulación, en el ámbito de esta región, de la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, así como la participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos y la puesta en práctica la rendición de cuentas de la propia Administración.

La norma fija la obligación de publicar la información sobre las actividades de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid, la Administración Pública de las entidades locales y de las universidades públicas de la región madrileña en todo aquello que no afecte a su autonomía constitucionalmente garantizada, las entidades públicas y privadas vinculadas o dependiente de las mismas, las corporaciones madrileñas de Derecho Público, la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales, así como de las demás entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas financiadas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, cuando las ayudas o subvenciones que perciban superen los 60.000 euros o cuando las mismas representen al menos el 30 por ciento del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen la cantidad de 5.000 euros. 

Asimismo, se establece la obligación de suministrar información de las personas, sean físicas o jurídicas, que presten servicios públicos, ejerzan potestades administrativas o tengan vinculación contractual con los organismos y entidades públicas sujetas a la citada ley.

La Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid ya establecía, de alguna manera, estos criterios, siempre que se actuase adecuadamente para suministrar información sobre las actividades públicas conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que es aplicable en las Comunidades Autónomas según su artículo 2. Pero ahora -a pesar de que ya existen en la mayoría de las Comunidades Autónomas leyes de transparencia- se tornan muy útiles para regular el acceso a los datos de las actuaciones de los entes públicos cuya aplicación habitual provoca que resulte complicado poder conocer la información sobre las mismas, causando que se obstaculiza el efectivo ejercicio de facultades de control por parte de los ciudadanos sobre dichas instituciones públicas.