Sistema de transporte compartido para zonas rurales poco habitadas

El Gobierno regional madrileño quiere poner en marcha un sistema de transporte alternativo para los municipios menos poblados de la Comunidad y que estén por debajo de los 2.500 habitantes. Esta medida cuenta con una partida presupuestaria de 600 mil euros para este año que devienen del plan para la revitalización de las zonas rurales, con un presupuesto total de 130 millones de euros, y es sólo una parte de las medidas que se desarrollarán en dichas zonas hasta 2021.

El referido sistema funcionaría a través de una llamada teléfonica o una aplicación informática, en la que el usuario podría informar de sus necesidades de movilidad para la utilización de un transporte compartido a demanda, muy similar a los sistemas para compartir vehículo particulares que se utilizan para viajar dividiendo costes pero centralizado por la Comunidad de Madrid, que buscaría la solución más adecuada para cada usuario. Para la puesta en marcha de este proyecto, se han iniciado trámites para declarar las áreas de prestación conjunta para los taxi que trabajan en pueblos de algunas zonas rurales.

Asimismo, dentro del plan de revitalización de zonas rurales poco habitadas proyectado por el Gobierno regional se contemplan un total de 60 actuaciones, de las que estarían en proceso de jecución prácticamente el 80 por ciento, según el ejecutivo. La edificación de tres residencias de mayores (en Garganta de los Montes, Gargantilla del Lozoya y Robledillo de la Jara), la construcción de 27 viviendas (ya proyectadas en Madarcos, Robregordo, Puentes Viejas y La Hiruela), redacción de proyectos para 14 casas en pueblos de menos de 200 vecinos, así como la dotación de una red de puntos limpios, la extensión de la fibra óptica a estas zonas o el proyecto e-biblio en pueblos de menos de 100 habitantes para el acceso a contenidos digitales de la red de bibliotecas públicas.

Igualmente, el plan cuenta con una línea de ayudas para la constitución de cooperativas y sociedades laborales que pueden alcanzar hasta los 15.000 euros, especialmente dedicadas a la ejecución de proyectos vinculados a la economía social en el medio rural.