La Comunidad de Madrid cuenta con un nuevo decreto para paliar el acoso escolar

Tal y como ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado martes, el alumnado madrileño estará obligado a informar al profesorado sobre los casos de acoso escolar que puedan estar sufriendo otros compañeros. Esta obligatoriedad viene fijada explícitamente en el listado de deberes que deben cumplir como alumnos según el nuevo decreto que regula la convivencia en los centros públicos y concertados, y que será de obligado cumplimiento a partir del curso 2020-2021.

Con este nuevo texto, los alumnos que comparten espacio con estas víctimas deberán “comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso que puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa que presencien o de las que sean conocedores”, incurriendo en una “falta grave” en caso de no hacerlo y que podría llevar acarreados castigos como la prohibición de asistir al recreo hasta la expulsión de algunas clases o del propio centro escolar hasta seis días lectivos.

Las norma aprobada da autonomía a las direcciones de los centros educativos para elegir “la forma de resolver los conflictos que consideren más adecuada”, que serán las encargadas de elegir un instructor que pueda “recopilar toda la información, trasladándosela a los padres y adoptar una resolución en un plazo máximo de 18 días”.

Dicho decreto incorpora también la obligación de los centros educativos madrileños de “informar a la Fiscalía o al organismo correspondiente en función de la gravedad de los hechos” si los profesores incumplen con su “deber de poner en conocimiento del equipo directivo” situaciones que “presenten indicios de violencia infantil, juvenil o de género contra niños y niñas o mujeres”. Esta exigencia se extiende al personal de administración y servicios de las instalaciones, como empleados del comedor o de limpieza, en aplicación de la normativa estatal, como las leyes de protección al menor.

Se incluye también “el compromiso con la prevención y eliminación del acoso escolar y ciberacoso tanto dentro como fuera de las aulas”, y se sugiera la corrección de los “actos de alumnos realizados fuera del recinto escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionados con la actividad escolar o afecten a los miembros de la comunidad educativa”.

En el caso de las faltas consideradas “muy graves”, como “la grabación, publicidad o difusión a través de cualquier medio o soporte de agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad educativa”, tal y como reza el texto, la medida a imponer podría implicar la prohibición temporal en actividades extraescolares, incluso llegar hasta la expulsión definitiva del centro.